LOS NUEVOS FRACASOS DE LA POLÍTICA ANTICUBANA DE LA ADMINISTRACIÓN BUSH A UN AÑO DE LA INICIATIVA PARA UNA NUEVA CUBA

Cuando el presidente norteamericano George W. Bush anunció en mayo del 2002 su cacareada “Iniciativa para una Nueva Cuba”, lo hizo proclamando su interés por alentar “una transición pacífica a la democracia en Cuba”, lo que significaría la aceptación de cambios por parte del gobierno cubano con respecto a su orientación político – ideológica  y el establecimiento de una economía de mercado. Por supuesto, todo estaba bien claro: la dirección ideológica de este accionar político tenía la finalidad de acabar con el socialismo en la Isla, establecer una democracia al estilo de las que imperan a lo largo del continente —envenenadas por la exclusión y marginalización de los sectores más humildes—, así como crear las bases para la capitalización de la economía cubana, devolviendo las fábricas y tierras a sus antiguos dueños explotadores. La “Iniciativa para una nueva Cuba”, no cabe duda, representa una apuesta por el pasado, una propuesta para el retorno a una época dejada atrás por los cubanos al precio de incontables sacrificios y luchas heroicas.

La iniciativa de Bush dejó en los cubanos, desde el mismo momentos de su formulación, la certeza de representar algo  más que una amenaza —y los cubanos ya no temen desde hace ratos a las baladronadas de los huéspedes de la Casa Blanca-, pues la misma entrañaba un abierto chantaje: si Cuba aplica reformas políticas y económicas, los Estados Unidos aliviaría entonces  las restricciones a los viajes a la Isla y al comercio con Cuba. En palabras más simples, el mensaje de Bush significaba la suspensión del bloqueo a cambio de la renuncia por parte de Cuba de su orientación política.

El 4 septiembre del 2003, retomando el mensaje político propuesto por Bush en su “Iniciativa para una Nueva Cuba”, el Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Empresariales y Agrícolas, Alan Larson, declaraba ante el Comité de Finanzas del Senado: “La política de la Administración Bush está diseñada para fomentar la transición política hacia un gobierno democrático caracterizado por un firme apoyo a los derechos humanos y una economía de mercado abierto”. Como puede apreciarse, las palabras de Larson reiteran la percepción de su administración con respecto al problema cubano y,  un año después de ser formulada tal Iniciativa, mantienen las mismas líneas de trabajo proyectadas por dicha política:

·  Presionar al gobierno cubano para que realice “elecciones libres”.

·   Apertura económica.

·   Permitir la existencia de sindicatos “independientes”.

·   Libertad de expresión.

La esencia de tal política presupone la validación de ciertas “libertades” al estilo yanqui, que entrañarían el abandono a la propiedad estatal y de todo el pueblo a favor de la propiedad privada capitalista, el establecimiento de una democracia representativa basada en el multipartidismo burgués en la que las masas populares perderían su papel protagónico en la dirección del país y, desde luego, la aceptación de la quinta columna contrarrevolucionaria encargada de sabotear el proceso de profundas transformaciones sociales que tienen lugar a través de los programas de la Revolución. La propia “Iniciativa para una Nueva Cuba” presupone, según Larson, el apoyo material y financiero a las supuestas fuerzas prodemocráticas dentro de la Isla —entiéndase contrarrevolución interna— con vistas a oponerlas al proceso revolucionario y aparentar mediante ellas la existencia de una oposición organizada dentro del país. Estas fuerzas recibirían junto a una holgada ayuda económica y política, un conjunto de beneficios colaterales que incluirían becas y adiestramiento. Por supuesto, la aceptación de esta iniciativa debe incluir la presencia de Radio y TV Martí dentro de Cuba, medios de comunicación que se pondrían de lleno al servicio de la batalla ideológica contra la Revolución.
Como puede apreciarse, la iniciativa de Bush representa no sólo una flagrante intromisión en los asuntos internos de Cuba, sino el intento de presionar a la Isla, a cambio de migajas, para que reoriente su política y transforme su esencia económica; a la par que es una forma de santificar la existencia de una oposición ficticia y sin rol protagónico, sobredimensionándola a nivel internacional. Es, en sí misma, un intento por hacer que los cubanos renuncien a su propia historia y a su propia naturaleza político – ideológica, abrazando valores foráneos que en nada les beneficiarían. Unos días después se repetirían las mismas deshonestas presiones contra Cuba. Ante el creciente interés surgido dentro de Estados Unidos por eliminar el criminal bloqueo que sufre el pueblo cubano, varios funcionarios de la Administración Bush levantaron sus voces airadas para oponerse a tal deseo. El 10 de septiembre de este año, Richard Bouchner, portavoz del State Department, declaró ante la Cámara de Representantes que “levantar el embargo nos parece algo profundamente tonto”. Ese mismo día, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, declaró que el presidente “está firmemente comprometido con el embargo contra Cuba, hasta que Cuba permita la libertad de expresión y para realizar elecciones, y libere a todos los presos políticos.”

Unos días antes, el 4 de septiembre, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca declaró la necesidad  “de mantener las sanciones y restricciones de viaje para negarle recursos económicos al régimen de Castro”.

Con independencia del creciente sentimiento dentro del pueblo norteamericano en pro del levantamiento del bloqueo, así como de un movimiento a favor de esta medida dentro del Congreso, las fuerzas ultraconservadoras de la derecha yanqui, así como los representantes de la mafia cubanoamericana, capitaneados por la Administración Bush, han agotado múltiples recursos para contrarrestar este movimiento. El propio presidente amenazó con vetar cualquier enmienda a favor del levantamiento del embargo y envió a sus principales colaboradores a Miami para participar en la Cumbre Nacional sobre Cuba, en la que se abordó tan espinoso asunto. Allí estuvo el Subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio Occidental, Roger Noriega, con el doble propósito de convencer a la mafia miamense de que los EE UU no levantarían el bloqueo y, de paso, asegurar los votos de este sector para las próximas presidenciales. En esos primeros días de octubre se dejaron escuchar  viejas  amenazas, ditirambos archiconocidos y promesas cargadas de odio hacia la Isla. Noriega expresó: el embargo es una herramienta de nuestra política y no vamos a renunciar a ella”. Por supuesto, los representantes de la mafia se sintieron satisfechos de esta perorata agresiva e intolerante. Sin lugar a dudas, estaban dadas las condiciones para el discurso político que George W. Bush pronunciaría el día 10 de octubre. Con el mismo, el presidente trataría de superar las contradicciones mantenidas en los últimos meses con la mafia cubano americana de Miami y, de paso, garantizarse el apoyo electoral tan necesario para él.

Aunque al ser formuladas las nuevas medidas anticubanas de Bush, muchos opinaron que no representaban un cambio en la política norteamericana hacia Cuba, dichas acciones representan un importante paso en la creación de condiciones para arreciar el bloqueo contra Cuba y para instrumentar acciones contra la Revolución. Representan un conjunto de acciones que, con independencia de estar destinadas a otro fracaso, entrañan en sí mismas una agudización de la política hacia la Isla. En esencia, las tres medidas formuladas por Bush encajan dentro de los conceptos ideológicos ya enunciados en otros documentos y legislaciones anticubanas ya existentes, como lo es la propia Ley Helms Burton y la propia Iniciativa para una Nueva Cuba.

►   La creación de una Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, copresidida por Colin Powell, Secretario de Estado, y por Melquíades Martínez, Secretario de Vivienda, tendrá como objetivos el acelerar y planificar la transición democrática en la Isla.

Lo novedoso de esta medida es que establece al más alto nivel gubernamental toda una diversidad de acciones encaminadas a  fomentar a la contrarrevolución interna dentro de la Isla, asegurándole las vías de financiamiento económico y las fuentes de abastecimiento de medios y recursos para ejecutar su actividad desestabilizadora dentro del país. Con independencia de que retoma preceptos ya formulados en la Helms Burton en relación as una Cuba post Castro, el contenido esencial de esta comisión será la acción inmediata contra la Revolución, la promoción de la subversión y otras medidas como la difusión mediante Radio y TV Martí de propaganda contrarrevolucionaria.

Quien crea que los Estados Unidos emplearán esta Comisión en asuntos de futurología, se llama a engaños. De ella saldrá todo lo que se haga de ahora en adelante para atentar contra Cuba, cumpliendo el rol directriz de la actividad contrarrevolucionaria dentro y fuera de la Isla.

►   Aumento de las restricciones de viajes a Cuba como una forma de evitar el ingreso de fondos para sustentar al gobierno cubano.

De acuerdo con esta medida, los Estados Unidos podrán en función todos sus mecanismos coercitivos para perseguir a aquellas personas que viajen ilegalmente a Cuba por terceros países o en medios privados de transporte, al igual que aplicarán más fuertes y rigurosas inspecciones a los viajeros y cargamentos que se dirijan a Cuba.

En correspondencia con esta medida, ese mismo día 10 de octubre, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (DHS), dio a conocer en un comunicado de prensa que “intensificará la aplicación de las restricciones existentes sobre viajes a Cuba”. De acuerdo con esto, los funcionarios de este organismo asignados a Aduanas y Protección Fronteriza aumentarán la inspección de todas las personas que viajan directamente a Cuba o que regresen de la Isla. De la misma manera, los funcionarios del DHS velarán porque los ciudadanos que viajen a través de Canadá, México u otros países en ruta hacia Cuba, no violen en embargo establecido, es decir, serán los encargados de velar por el mantenimiento de las restricciones, haciendo uso de todos aquellos mecanismos, métodos y recursos necesarios para cumplir tal fin.

El DHS, el Servicio de Aduanas, Protección de Fronteras, así como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, integran el sistema  establecido por la Administración de Bush para violar el libre derecho de los norteamericanos a viajar adónde deseen hacerlo, impidiendo el libre acceso de los mismos a Cuba e implementando sanciones y represalias de todo tipo contra ellos.

► La tercera medida implementada por la Casa Blanca se refiere a los temas de inmigración y, en particular, a desarrollar habilidades por la parte norteamericana para  “identificar y proteger a quienes enfrentan persecución en Cuba y ofrecerles la oportunidad de venir en forma segura a Estados Unidos”.

Sin eliminar la cobarde y criminal Ley de Ajuste Cubano, la nueva medida de Bush no hace otra cosa que validar aún más la percepción norteamericana de darle un carácter selectivo al flujo migratorio, desconociendo que la motivación principal de dicha emigración son  las razones económicas. El hecho de politizar este problema no persigue otra cosa que desvirtuar la realidad cubana y a hacer ver al gobierno de la Isla como violador de derechos humanos. Tal medida, deformada desde su formulación, no resolverá definitivamente la emigración ilegal por cuanto no ataca las propias causas de la misma. No pasaron varios días después de los pronunciamientos de Bush, cuando dos de los funcionarios de la Casa Blanca mantuvieron el mismo discurso político agresivo contra Cuba. En este caso, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, mantuvo el 17 de octubre las mismas amenazas contra la Isla y abogó por la intensificación del bloqueo. Equivocándose nuevamente y soslayando el sentir mayoritario de los cubanos expresó que “el régimen cubano caerá pronto”.

Condolezza Rice, Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, expresó el pasado día 14 de octubre ante la Asociación Interamericana de Prensa, los ya manidos conceptos que explican la actual ofensiva anticubana de la Casa Blanca. Condoleeza dijo que “Estados Unidos está firmemente decidido a seguir una política enérgica respecto a Cuba”. Para su gobierno, según ella, la cuestión es “lograr una transición pacífica de la tiranía a la democracia.”

No caben dudas sobre  la actual estrategia contra Cuba, capitaneada por la Casa Blanca y de claras intenciones preelectoralistas, y condenada de antemano al fracaso. Los cubanos ya conocen este leguaje prepotente, empleado a lo largo de cuatro décadas por distintos presidentes norteamericanos. En la Isla tales ataques y amenazas no le quitan el sueño a nadie. Sólo la contrarrevolución interna, exigua y desmoralizada, necesita de ellos para esperanzarse. El pueblo, por su parte, afina la puntería y espera lo que sea, siempre amasando, esperanzado, su propio porvenir.