La campaña antiterrorista de los Estados Unidos y su influencia en  América Latina durante el 2004

Rasgos  actuales  de la campaña antiterrorista norteamericana.

·   Incremento en un 9,7 % en los gastos para seguridad territorial, sin incluir al  Departamento de Defensa y al Proyecto de Escudo Biológico.

·   Aumento en 2 600 millones de dólares para las asignaciones que recibirá el Departamento de Justicia para la lucha antiterrorista, que implica un incremento del 19 % con respecto al presupuesto del 2004. Baste señalar que desde el 2001, los EE UU han gastado 13,000 millones de USD en la llamada lucha antiterrorista.

·   Este incremento en el Departamento de Justicia, elevaría las asignaciones que recibirá el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la astronómica cifra de 5,100 millones de dólares (60 % más del recibido por esta agencia en el 2001). Estos incrementos propiciarán más agentes de campo en la lucha antiterrorista, un mejoramiento de la capacidad de inteligencia del Buró, así como un apoyo financiero al Centro de Integración de  Amenazas Terroristas (TTIC), que funge actualmente como una entidad compuesta por varias agencias, llamada a reunir y analizar toda la información sobre grupos terroristas y otras tareas de prevención de amenazas.

Para nadie resulta sorprendente que estos desembolsos de la administración Bush, en su  cacareada cruzada antiterrorista,  se han hecho a costa del contribuyente norteamericano y de eliminar importantes y necesarios programas de beneficio social. ¿De qué sirve, se preguntaría cualquier ciudadano norteamericano común, gastar tanto dinero en prevención del terrorismo, si esto se hace a costa de apretarnos el cinturón a límites casi insoportables?
La creación del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS) por parte de la administración Bush, con la misión de proteger a la nación y las infraestructuras críticas, así como la recopilación y análisis de la información sobre posibles ataques terroristas, fue la expresión del más alto grado de histeria exacerbada por el propio gobierno contra potenciales ataques de fuerzas irregulares enemigas, a la par que un medio para llevar a cabo la persecución de las fuerzas progresistas y la contención del creciente flujo de inmigrantes hacia EE UU.
Con la creación del DHS se unificó el accionar del sistema de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), estableciendo una fuerza de cara al exterior integrada por 29 000 oficiales uniformados en las fronteras, divididos en 18 000 pertenecientes al propio CBP y 11 000 a la Patrulla Fronteriza. De la misma manera, siguiendo la casi paranoica política de mantener cerradas las fronteras a posibles ataques terroristas, en vez de propiciar a nivel internacional un clima de discusión y cooperación en la lucha contra este flagelo, y desechar a la par   guerras criminales que no hacen otra cosa que estimular a la propia actividad terrorista (como quedó demostrado recientemente en Madrid), la actual administración norteamericana estableció diversos programas de protección a costa del desembolso de grandes recursos, entre los que se destacan:

►   Intensificar los patrullajes marítimos a cerca de 124 000 por parte del Servicio de Guardacostas y 13 000 por parte de la fuerza aérea, abordando e inspeccionando  a cerca de 92 000 embarcaciones y deteniendo a 14 000 inmigrantes. Todo esto en período que media desde  septiembre del 2001 al 2004.

►   Contratación y capacitación de 45 000 inspectores federales para ejecutar las tareas de seguridad aeropuertaria.

►    Creación del Centro de Inspección del Terrorismo, cuya finalidad es proporcionar apoyo operativo inmediato a la labor de inspectores federales y otras agencias norteamericanas, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior.

La campaña antiterrorista norteamericana en América Latina.

Los Estados Unidos conceden extraordinaria importancia a la actual campaña antiterrorista en Latinoamérica como un poderoso medio para apuntalar a su política ingerensista en esta región y disponer de un traspatio seguro para su política a nivel mundial. Es por ello que en la reciente Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), efectuada en Montevideo, Uruguay, entre los días 28 y 30 de enero del presente, altos funcionarios  norteamericanos se dedicaron exaltar el papel del CICTE en el cumplimiento de los compromisos continentales contra el terrorismo. John Maisto, representante permanente de los EE UU ante la OEA, expresó al  respecto: el CICTE “se ha establecido a sí mismo, a nivel mundial, como uno de los principales organismos continentales.”

 Por su parte, Cofer Black, coordinador para antiterrorismo en el Departamento de Estado norteamericano, expresó el 29 de enero al dirigirse a los participantes en el evento, que los objetivos actuales de su administración son, en materia de lucha contra el terrorismo, los siguientes:
1)   Derrotar a las organizaciones terroristas de alcance mundial mediante el ataque a su liderato, finanzas y comunicaciones;
2)   cooperar con otras naciones para privar a los terroristas de patrocinio, apoyo o refugio;
3)   ocuparse de las condiciones subyacentes que los terroristas tratan de explotar;
4)  defender a Estados Unidos, sus ciudadanos e intereses en el país y en el extranjero mediante la aplicación sostenida de recursos diplomáticos, financieros, de inteligencia, militares y de ejecución de ley.

Para ello, obviamente, ambos funcionarios reconocieron el importante papel que le corresponde a la región para procurar que la misma no se convierta en zona para tránsito de terroristas, refugio de los mismos o marco propicio para el tráfico de armas o lavado de dinero. Insistiendo en este punto, Cofer Black instó al CICTE y a la OEA “para asegurar que nuestro hemisferio desarrolle una estrategia antiterrorista bien coordinada y abarcadora”.

Al respecto, recabó más apoyo a los programas establecidos por EE UU, tales como la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (destinada a contener la proliferación de armas de destrucción masiva), así como el US-Visit, la Iniciativa de seguridad en Contenedores el Programa de Interceptación Terrorista. Dentro de este propósito, hizo un llamado a cooperar mediante el intercambio de información sobre amenazas al espacio cibernético y propiciar el establecimiento de un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de Computadoras. Finalmente, Black destacó: “Organizando nuestros recursos para proveer ayuda a la creación de capacidad, podemos disuadir a los terroristas de tomar como blancos los estados más débiles o usarlos como refugios seguros o para recaudar fondos…”.

No podía faltar, por supuesto, la zanahoria a la hora de recabar apoyo para la política antiterrorista de la administración norteamericana. En presencia de Cofer Black y John Maisto, así como de Crescencio Arcos (Director de Asuntos Internacionales del departamento de Seguridad Interna) y de John Malcom (vicesecretario del Departamento de Justicia), se hizo el anuncio de que EE UU entregaría 1,6 millones al CICTE.
Días después,  el 3  de marzo del 2004,  el vicejefe del  Comando Sur de EE UU, general Rod Bishop, insistió en el tema de la cooperación hemisférica contra el terrorismo.   Durante la Conferencia “La conexión terrorista del Medio Oriente en América Latina y el Caribe”, efectuada en Washington,  identificó diversas zonas de la región como propensas a  actividad de refugio, tránsito y lavado de dinero por parte  de terroristas. Entre ellas señaló la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, Isla Margarita (en Venezuela), Colombia y Trinidad-Tobago. Por supuesto, enfatizó en la necesidad de detener esas actividades mediante la mayor cooperación entre las naciones del hemisferio.

Tanto Bishop como William Pope, coordinador adjunto principal de la lucha antiterrorista del departamento de Estado y participante también en la conferencia,  reconocieron el apoyo a las políticas norteamericanas en gran parte de la región y la necesidad de perfeccionar la capacidad de respuesta de los países de la misma en la lucha antiterrorista.
Un día antes, específicamente el 2 de marzo, otro alto funcionario abordó el tema de la cooperación hemisférica contra el terrorismo.  El Secretario Adjunto para el hemisferio Occidental del departamento de Estado, Roger Noriega, realizó un amplio informe ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

El discurso de Noriega en nada se diferenció al de otros funcionarios norteamericanos, destacando en primer lugar la importancia de la región para las concepciones geopolíticas norteamericanas. Dentro de este enfoque hizo una  edulcorada loa al predominio de una pretendida  democracia en la región y, por supuesto, no podía dejar escapar la oportunidad para lanzar diatribas contra Cuba, la única excepción “antidemocrática” para él. Al respecto, señaló: “Nos proponemos ayudar a crear las condiciones que pondrán fin al único gobierno totalitario del hemisferio y reintegrarán al pueblo cubano como miembro de la sociedad de las Américas”.

Sin lugar a dudas, el señor Noriega no podía pasar por alto ante los miembros del Senado la forma de justificar los fondos solicitados para “ayudar” a los países de la región. Para ello usó el manido argumento de que estas naciones poseen plena conciencia de la necesidad de luchar contra el terrorismo y otros males, pero carecen de capacidad para hacerlo. Estados Unidos, por ende, está llamado a apoyarlos y proveerlos de recursos para tal fin. Noriega solicitó la cifra de 731 millones de dólares en el Presupuesto para el año fiscal 2005, incluyendo a Colombia,  para apoyar la lucha contra el comercio de narcóticos y el narcoterrorismo a través de la Iniciativa Antidrogas Andina (IAD).

Un hecho de particular importancia fue el reconocimiento por parte de Noriega de la reorientación de fondos para combatir el delito hacia la lucha terrorista, tal como ocurrió en la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Por su parte, con respecto a la Financiación Militar Externa (FMF), Noriega solicitó la cifra de 108 millones de dólares para desarrollar programas vinculados a:

1)   Fortalecimiento de la autoridad en zonas remotas en las que pueden refugiarse terroristas y narcotraficantes.
2)   Reforzar la seguridad territorial controlando las vías de ingreso a estados Unidos.
3)   Mejorar la capacidad de determinadas fuerzas de la región para procurar el mantenimiento de la paz.

Este último objetivo condiciona la ayuda norteamericana a que las naciones apoyen a Estados Unidos en su política agresiva a nivel  internacional, reconociendo Noriega el papel de Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana para participar en la guerra de Irak. La zanahoria, sin lugar a dudas, servirá de premio y estímulo a las posiciones lacayunas de determinados gobiernos latinoamericanos.
En esencia, la campaña antiterrorista norteamericana para América Latina está dirigida a fines que en nada beneficiarán a las naciones de la región y de los que el gigante del norte sacará un mejor provecho. Al erigirse en líder de la misma, siendo el que la financia, busca:

·   Garantizar un traspatio seguro mientras se lanza a aventuras bélicas en el resto del mundo.

·   Fortalecer sus mecanismos de dominación en la región al proveer de recursos a gobiernos que los apoyan incondicionalmente.

·   Utilizar estos recursos y medios sofisticados para debilitar a los movimientos revolucionarios y progresistas en el área.

· Y, por último, disponer de socios comprometidos a aportar tropas y apoyo en sus campañas bélicas en el mundo a cambio de un puñado de dólares.

Corresponde a todos, pues, descubrir la verdadera esencia de esta campaña antiterrorista para la América Latina, por cuanto en nada beneficia a nuestros países, ya que esos cuantiosos recursos no están destinados al desarrollo, a la erradicación de la pobreza y las enfermedades que asolan a nuestros países, sino a consolidar los mecanismos de dependencia al poderoso vecino del Norte.