Toda la verdad sobre Honduras, el actual acusador de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra

Créalo usted o no, amigo lector, fui uno de los principales sorprendidos por el bochornoso papel asumido por el gobierno hondureño para  presentar una moción anticubana en la actual Sexagésima Sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. No fue, por supuesto, porque  creyera que el gobierno de Ricardo Maduro fuera incapaz de enlodarse de esa manera, sino porque resulta difícil de creer que un país con un largo y criticado historial de violaciones de los derechos humanos, como lo es Honduras, se prestara para esta sucia maniobra.
Aún recuerdo cómo, en el último Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano para el 2003, el mismo titiritero que hoy mueve los hilos de la marioneta hondureña en Ginebra, acusó a esta nación de ser escenario, al igual que otros países centroamericanos,  de múltiples violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes.
En dicho Informe se destacó un rosario de males que afectan los derechos humanos de los ciudadanos como lo son la violencia policial, lentitud judicial, pobreza enraizada y la corrupción. Todos estos flagelos conspiran contra los niños, quienes se ven afectados por la prostitución y la explotación laboral de niños, jóvenes y adolescentes. Sumado a esto, se exacerban diferentes formas de abuso físico y sexual hacia la niñez, así como una marcada exclusión social.

Sobre este penoso  tema declaró Bruce Harris, Director de Casa Alianza para América Latina, al conocer dicho informe: “Las personas menores de edad están pagando el precio y no todos los gobernantes están haciendo su trabajo.”

El propio Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, declaró en un informe al Congreso que la actual cadena de violencia que vive el país está provocada por ineficacia del sistema judicial. Baste decir que, tan sólo en seis años, desde 1998 a 2004, ocurrieron 2,170 asesinatos de jóvenes menores de 23 años de edad en el país.

La falta de un sistema oficial de atención a los problemas de la niñez y la juventud, los altos índices de pobreza y desempleo, la carencia de oportunidades y la ineficacia de la autoridad policial, son causales directos del clima de violencia que vive el país y de la asombrosa cifra de más de 100 000 jóvenes incorporados a pandillas con altos índices de peligrosidad. Al respecto, el propio Comisionado señaló en su Informa: En Honduras  existe “la ausencia de políticas sociales a favor de la juventud y el fracaso de la policía como integrante del sistema de justicia”.

En el propio 119 Período  Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada  hace poco en la sede de la OEA en Washington, fue presentado un Informe sobre la violación de los derechos humanos en Honduras, el que estuvo a cargo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras organizaciones sociales de ese país, como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral (CGSSI) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC). De acuerdo con el mismo, se abordó la penosa situación que padecen las poblaciones indígenas y negras en esa nación, el enconado hostigamiento y muertes que sufren los homosexuales hondureños y dirigentes populares. Fueron descarnadas las narraciones hechas sobre el despojo de tierras a las comunidades indígenas y negras a favor de las grandes transnacionales extrajeras, los asesinatos de sus dirigentes, así como la muerte de más de 400 indios mismitos a causa de las infrahumanas condiciones de trabajo a las que son sometidos en las labores de pesca.

La CGSSI informó sobre más de 200 asesinatos de homosexuales en el país, sin que la policía se preocupara en perseguir a sus victimarios. De la misma manera, según un reporte de la Relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales confirmó el asesinato de 25 defensores del medio ambiente. 

Tan macabra fue la descripción de dichas atrocidades, que la propia Comisionada de la Policía Hondureña,  Maria Luisa Borjas, tuvo que reconocer que la Unidad de Asuntos Internos de ese órgano identificó más de 50 casos de asesinatos extrajudiciales. Por su lucha contra la corrupción policial, la señora Borjas fue sustituida de su cargo. Todas estas violaciones, desde luego, no son las únicas que invalidan al gobierno hondureño para presentar una moción contra Cuba en materia de Derechos Humanos.

¿Puede hacerlo un gobierno como el de Ricardo Maduro quien no ha movido un dedo ante la dramática situación de desempleo que se vive en Honduras? Sólo en los últimos cuatro años cerca de 80 000 hondureños han sido cesanteados, lo que ha elevado el número de desempleados a un 35 % con respecto a la población laboralmente activa. Mientras se ha incrementado la desocupación, el gobierno hondureño nada  hizo para detener el aumento de las tarifas de los servicios públicos de electricidad, teléfonos y agua, las que han experimentado un exagerado incremento del 15 % en los últimos cinco años. El propio gobierno incrementó en un 75,6 % los precios de los derivados del petróleo, afectando de esta forma a las  pequeñas empresas y a la población.

¿Puede hablar de derechos humanos un gobierno que enfrenta una profunda crisis en el sistema educacional superior y que a pesar de aumentar el número de universidades ha descuidado la calidad de la  enseñanza?

Afectadas por bajos presupuestos, estos centros docentes carecen de alto nivel profesional en la impartición de las asignaturas y su correspondencia con las reales necesidades del país.

Al respecto, señaló el  Rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, Ricardo Antillón: “¿Cómo es posible que no hemos dado el paso para formar profesionales capaces de ayudarnos a aprovechar el recurso marino, cuando Honduras tiene una gran riqueza marina en las costas del Atlántico y el Pacífico? 

El propio director del centro regional de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”, reconoció  lo obsoleto de las materias que se imparten en dicho centro. Peor aún, se ha determinado que los propios profesores no saben cómo enseñar y que sólo un 30 % de los maestros universitarios son técnicamente aptos para impartir sus asignaturas.

Como puede apreciarse, el gobierno hondureño descuida algo importante para  una nación, su propio futuro. 

A pesar de que el gobierno hondureño se vanagloria de invertir en materia de salud pública, sabido es que hoy Honduras ocupa la tasa de prevalencia de VIH/SIDA más alta de Centro América y el quinto lugar en América Latina. ¿Cómo puede, pues, este gobierno hablar de derechos humanos?

Si vergonzoso es el panorama social en este país en donde el 80 % de su población vive en la pobreza, lo es más aún el alto nivel de corrupción institucionalizado en Honduras. Un 63 % de los ciudadanos considera que la misma está generalizada en todo el país y uno de cada cinco acepta  haber sido víctimas alguna vez de la misma.

El grado de deterioro que tiene la gobernabilidad en la nación hondureña hizo que el propio obispo de la diócesis de Occidente, monseñor Luis Alfonso Santos, declarara hace dos días: “La gente siente la pobreza en carne viva, ya no entienden discursos políticos”.

Más adelante, para confirmar el nivel de sufrimiento que viven los hondureños y la violación de sus elementales derechos, el prelado afirmó con honda tristeza: “Jesucristo sigue sufriendo su pasión y muerte en este pueblo que está muriendo de hambre y enfermedades”.

Suficientes motivo tiene monseñor Santos para sentirse así: el 34 % de los niños hondureños padece desnutrición crónica y carece de oportunidades para estudiar. Por ello, al leer la declaración de la cancillería hondureña solicitando el envío a Cuba del Alto Comisionado de derechos Humanos, emitida  ayer, y en la que “hace un llamado al respeto a las libertades públicas en la Isla”, uno no puede menos que pensar en el demasiado cinismo que hay que tener para acusar a otros de los  males que se ha ayudado a entronizar en nuestros pueblos.

Por tanto, no me cabe duda que el papel de marioneta  de presidente Maduro se ha enlodado aún más con el estigma de ser deshonesto y mentiroso. Y,  por supuesto, demás está decir quién es realmente el violador de los derechos humanos de su pueblo. Esa es la verdad y lo sabemos usted y yo, amigo lector.