RESPUESTA AL SEÑOR WILLIAMSON, EMBAJADOR NORTEAMERICANO ANTE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE GINEBRA.

El libre acceso a la educación superior como un derecho humano. ¿Quién lo viola?

Es  nada menos que Richard S. Williamson, actual embajador de Estados Unidos ante el 60 Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, quien está capitaneado en este foro la actual campaña anticubana. Con hipócrita retórica,  aprendida quién sabe dónde, y mezclada con una cara compungida de actor barato, este funcionario norteamericano expresó: “Estados Unidos se siente moralmente obligado a hablar sobre las violaciones de los derechos humanos en países como China y Cuba.”
Y para concluir su intervención durante una sesión informativa celebrada el 26 de marzo pasado, el mentiroso de turno planteó ante  los periodistas presentes: “Pensamos que hacer que la Comisión de Derechos Humanos plantee una vez más preguntas acerca de la abominable situación en Cuba,  es a la vez beneficioso y necesario.”

No cabe la menor duda que el señor Williamson aprendió su libreto. Sin embargo, este funcionario no contó con el hecho de que la verdad no puede ocultarse. Mientras aún retumbaban sus diatribas en los oídos de los periodistas asistentes, una noticia preocupó a muchos de los ciudadanos en la Florida. “Miles de jóvenes pueden quedar sin universidad”,  aseveraba una  nota de Daniel Shoer Roth, aparecida  en el Nuevo Herald.
Según este periodista, el peligro de que muchos jóvenes de bajos ingresos y representantes de las minorías sean excluidos de las aulas universitarias, obedece a varios factores. Los crecientes aumentos en el precio de las matrículas para acceder a una carrera universitaria, así como notables recortes en los fondos de ayuda financiera, se han convertido en barreras discriminatorias difíciles de vencer.

Según un informe aparecido en Washington durante una reunión de la Asociación de Universidades y Colegios Hispanos (HACU), la situación parece insalvable.
Según participantes en el evento, sólo en dos universidades de la Florida, la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y la Florida Atlantic University (FAU), los estudiantes de pregrado han pagado un 8,5 % más por cursar estudios que lo desembolsado el año pasado. Los estudiantes de postgrado se han visto obligados a enfrentar incrementos de un 15 % para cursar dichos estudios. Los actuales costos familiares para garantizar el ingreso de los hijos a colegios se han disparado en los últimos tiempos, de manera que,  hoy por hoy, representan el 71 % de los ingresos de una familia de bajos ingresos. Esto hace realmente imposible el acceso de estos jóvenes a las aulas. Esta situación afecta también a las familias de medianos ingresos, cuyos gastos familiares para garantizar la educación de sus hijos oscilan alrededor de  un 19 %.

El panorama es realmente preocupante por cuanto, en la medida que aumentan los precios de las matrículas, los porcentajes de jóvenes automáticamente marginados aumenta también. ¿Qué derecho a estudiar pueden tener aquellas familias latinas cuyos hijos, un 30 %, viven en la pobreza?

La dolorosa exclusión hace que los latinos, cuya población representa el 18 % de la apta para cursar estudios en los colegios, vea reducida su expectativa a sólo un  9,5 % de los alumnos matriculados.

Para salir al paso a esta desastrosa situación, el gobierno norteamericano implementó una cacareada ley conocida como No Child  Left Venid (Que ningún niño se quede atrás), aprobada ya por ambas cámaras del Senado. En esencia, esta legislación no ataca los males de fondo del sistema educativo en Estados Unidos, principalmente los bajos ingresos de miles de familias norteamericanas y la deficiente calidad de la enseñanza que provoca, por ejemplo, que sólo el 17 % de los estudiantes de cuatro grado, por citar un caso, saben leer de acuerdo con las exigencias de su nivel escolar.

Hace apenas dos días, el secretario de educación norteamericano, Rod Paige, firmó un acuerdo mediante el cual el gobierno se compromete a  aumentar su apoyo a las familias de más bajos ingresos y a los miembros de las minorías. Con un irrisorio presupuesto fiscal para el año venidero, 95,9 millones de dólares, se pretende paliar la situación que padecen las 265 universidades pertenecientes a la HACU. Es importante notar que esta cifra presupuestaria sólo representa un incremento de 1,9 millones con respecto al 2004.
El propio Rod Paige alabó el programa de ayuda federal Pell Grant, que prevé un fondo de 12,9 millones de dólares para ayudar a jóvenes de bajos recursos para ingresar a universidades. Sin embargo, sabido es que el mismo sólo cubre el 39 % de los costos del estudiante y no resuelve la situación de la gente pobre.
Obviamente, también el limitado papel del gobierno federal en relación con la enseñanza pública se convierte en otro problema. Encargado de proveer una pequeña porción del financiamiento a la educación y dejando la mayor parte a los estados, le resulta imposible contribuir a la solución de este problema y de garantizar una de sus más importantes misiones: “asegurar igualdades educativas a los ciudadanos”.

Por lo tanto, parece ser que el señor Williamson se olvidó de estas cosas cuando se ha puesto a tirar piedras al techo del vecino. Valdría recordarle que su techo es de vidrio y hay que ser muy demagogo o mentiroso a la hora de calumniar a los demás. El gobierno de la República de Cuba, por su parte, ha tomado muy en serio el derecho de todo joven de acceder libremente a la educación superior. Baste señalar que este año matricularon  300 mil alumnos en las universidades y va en dirección a vencer records anteriores de matrícula. Este logro se debió fundamentalmente al programa de universalización de la universidad, mediante el cual 161 500 jóvenes se han incorporado a las aulas universitarias. Sin cobrarles un centavo, acceden a una educación de probada calidad, aquellos jóvenes desvinculados laboralmente hasta el  momento  o que, incluso, abandonaron los estudios hace algún tiempo. Esta masificación de la enseñanza superior abarca también a miles de obreros del sector azucarero que reciben un salario por estudiar en este sistema educacional.

Creo, entonces, que a la hora de hablar de derechos humanos, correspondería al señor Williamson detenerse a pensar sobre el bochornoso papel que le ha asignado su gobierno en Ginebra, con lo que evitaría traicionar a la verdad y convertirse en un hazmerreír ante la historia.