La renovación de la Ley USA Patriot: nuevo intento por perpetuar las violaciones y la antidemocracia

El pasado 19 de abril, el presidente Bush se apresuró a viajar a Hershey, Pennsylvania, con el claro propósito de promover la renovación de la  “Ley para Unir y Fortalecer a Norteamérica mediante la Provisión de Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo”, más conocida por la Ley USA Patriot del 26 de octubre del 2001 y cuyo vigor expira a fines del próximo año. Esta ley fue aprobada  en el  Senado por 98 votos a favor y uno en contra (el del senador por Wisconsin, Rusell Feingold), así como en la Cámara de representantes por 357 votos a favor y 66 en contra, en abierta demostración de cómo los republicanos y demócratas se identificaron con   la propuesta  reaccionaria de la administración  Bush. De acuerdo con una hoja informativa de la Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca, George W. Bush solicitó  al Congreso norteamericano la  aprobación de una nueva vigencia para esta controvertida ley, a la par que llama a “eliminar las escapatorias jurídicas de otras leyes antiterrorismo”.

En un claro intento por restringir aún más las libertades ciudadanas y vigorizar su visión orwelliana dirigida a apuntalar el papel de las instituciones represivas, Bush hizo un llamado a:

·   Permitir el empleo de las citaciones legales administrativas, al igual que se utiliza en casos  civiles y penales vinculados al fraude de asistencia médica, lo que facultaría a los miembros del FBI y otras agencias a obtener expedientes confidenciales con mayor rapidez.

·   Al igual que en los casos de detenidos por tráfico de drogas, establecer automáticamente una denegación de fianza presuntiva para todo aquel detenido sospechoso de ser terrorista.

·   Permitir la pena de muerte para todos aquellos detenidos por delitos terroristas que causen muertes a personas como resultados de sus actos. Esta condición es usada actualmente sólo para los casos de abuso sexual y tráfico de drogas que ocasionen la muerte de otras personas.

·   Crear nuevos mecanismos que fortalezcan los ya establecidos  por la USA Patriot en cuanto a aumentar el intercambio de información entre las agencias gubernamentales de inteligencia y contrainteligencia,  así como la cooperación entre las mismas.

·   En una mayor subordinación del poder judicial al extraordinario poder recibido  por el FBI y otras agencias, Bush clama por fortalecer todos aquellos mecanismos que le permiten a las mismas realizar investigaciones por encima de la ley, tales como órdenes automáticas de registro domiciliario con notificación demorada, espionaje telefónico y electrónico, así como emplear diversos métodos que incluyen la inmediata detención de los sospechosos sin notificación a sus familiares  y sin derecho a abogados defensores o notificación de causa, en franca violación de la privacidad  de los ciudadanos y de sus derechos constitucionales. Cuando fue aprobada la Ley USA Patriot en medio de un ambiente de histeria y temor exacerbados por la propia administración, los ciudadanos norteamericanos y residentes en el país vieron resquebrajados sus más elementales derechos humanos. Nuevas formas de actuar por las autoridades, usadas ochenta años antes durante la Segunda Guerra Mundial, volvieron a ser implementadas por el gobierno. Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter, empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socava las libertades públicas y civiles. Desde la arbitraria detención de los ciudadanos sin una acusación formal, la persecución de inmigrantes, procesos judiciales sin garantías y en secreto, sin excluir la detención indefinida sin juicio, hasta la más execrable cacería de brujas, volvieron a invadir el panorama político norteamericano.

Más de mil personas han sido detenidas en los Estados Unidos luego del fatídico 11 de septiembre y sólo algunos han podido obtener el derecho a un abogado. Cientos permanecen aún incomunicados y en espera de un juicio que nunca llega. A la par, cientos de inmigrantes han sido expulsados del territorio norteamericano ante la más infundada sospecha. Haciendo uso desmedido de supuestas amenazas terroristas, la administración Bush ha desviado miles de millones de dólares hacia una lucha basada en  el aplastamiento de las libertades civiles y en la persecución de los movimientos sociales progresistas. La excesiva militarización del estado ha llegado, incluso a la creación de la Oficina del Jefe Supremo, en franca imitación al modelo hitleriano, encargada de subordinar a todo el aparato militar de la nación al presidente.

De la misma manera, en abierta violación a la división de poderes, tan tradicionalmente esgrimida en las democracias, ha hecho desaparecer el papel del poder judicial subordinándolo al andamiaje antiterrorista y militar creado por la administración. No resulta raro observar la presencia de miembros de la Guardia Nacional en los aeropuertos norteamericanos y no se excluye la presencia de tropas en cualquier momento en las ciudades del  país cumpliendo labores policiales. Es, en esencia, una franca militarización de la vida del país.

El nivel de sometimiento de la nación a la  obcecada forma de gobernar de George W. Bush, ha llegado al extremo de obligar a la prensa a respetar “ciertas reglas de juego”.

Hoy por hoy, desde la famoso encuentro que Condolezza Rice, Consejera de Seguridad Nacional, sostuvo con los dueños de las cinco principales cadenas televisivas del país el 10 de octubre de 2001, la prensa norteamericana aceptó la más férrea censura gubernamental. El 11 de octubre, un día después del encuentro con Rice, se logró la total capitulación de los medios de comunicación en Estados Unidos bajo el pretexto de los dueños de las cadenas de someterse por “patriotismo”.

El sometimiento de la gran prensa norteamericana al gobierno, en franca violación a la cacareada libertad de prensa esgrimida permanentemente por Estados Unidos, se ha visto en la prohibición dada a periódicos, revistas, televisoras y estaciones radiales a divulgar mensajes de Ossama Bin Laden y de miembros de AlQaeda, así como a ocultar a la opinión pública norteamericana la marcha de la guerra en Afganistán e Irak.Otros cuestionados hechos han puesto en evidencia el carácter reaccionario de la USA Patriot. Bajo los poderes que se conceden por ésta a las autoridades, se ha obligado a la universidades y colegios a ofrecer información sobre sus alumnos en franca violación de los preceptos constitucionales establecidos en la historia norteamericana.
De la misma manera, basado en la USA Patriot, George W. Bush  promulgó una orden militar  el 13 de noviembre del 2001 mediante la cual faculta a tribunales militares juzgar a los no ciudadanos de Estados Unidos. A tenor con esta orden, más de 600 personas de todo el mundo se encuentran hacinadas en la Base Naval de Guantánamo, donde reciben las más crueles torturas y se les privan del derecho a ser juzgados y recibir ayuda legal.

Lastimosamente, y como prueba de la influencia de Bush en Europa, la Unión Europea aprobó en junio del 2002 una decisión marco sobre el combate al terrorismo, perneada de las mismas incongruencias y sucios propósitos de la USA Patriot. Bélgica, Gran Bretaña y Alemania fueron los primeros en establecer sus propias leyes dentro de la decisión marco adoptada por la UE.

Tanto la decisión marco contra el terrorismo aprobada por la UE como su progenitora, la USA Patriot, van enfiladas contra los derechos civiles y son esgrimidas para combatir la disensión y las luchas sociales. Sobre los movimientos antiglobalización y otras formas de lucha reivindicativas de los trabajadores recae el peligro de ser tildados de terroristas y sus representantes ser juzgados como tales. Por tanto, hago un llamado a darle una importancia extraordinaria a la lucha contra la  aprobación de la USA Patriot para un nuevo período. Es tarea de todos denunciarla como una forma para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y los pueblos. Aceptarla bajo el supuesto  argumento de combatir el terrorismo, significará, en última instancia, validar otro tipo de terrorismo: el que emplean los gobernantes contra la voluntad soberana y los derechos elementales de sus ciudadanos.